JUICIO POR YPF: EL GOBIERNO PIDIÓ SUSPENDER EL DISCOVERY Y RECHAZAR EL PEDIDO DE DESACATO

El Gobierno presentó ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York un pedido para suspender el proceso de discovery y el pedido de desacato solicitado contra el Estado argentino en el litigio por la expropiación de YPF.

El planteo formal hecho ante a la jueza Loretta Preska pretende ponerle freno a la medida que permite a los demandantes acceder a la información de chats y mails de funcionarios y exfuncionarios argentinos para rastrear posibles activos embargables a fin de que se cumpla la sentencia.

Según el documento que la Procuración del Tesoro de la Nación elevó ante el juzgado estadounidense, “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”.

El argumento de la administración de Javier Milei es que, si bien el Estado argentino fue declarado “en desacato” por cuestionar el fallo, “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”.

Asimismo, subrayaron que “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”.

Por este motivo, el Gobierno sostuvo que el pedido que los demandantes presentaron para acceder a la información privada de funcionarios como el ministro Luis Caputo son “inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.

“Burford escaló la presión mediante una injustificada moción de desacato y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina”, cuestionaron los abogados del Estado nacional.

Según la defensa, esas reservas que son propiedad del Banco Central “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.

Asimismo, la Procuración del Tesoro cuestionó que “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”.

Advirtieron, además, que “los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”, una conducta que calificaron como “inaceptable jurídica y moralmente”.

Además, ratificaron que la Argentina utilizará “todas las herramientas legales a su alcance” para “proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”.