SIN PLATA, SIN DIÁLOGO Y CON FALLOS FIRMES: EL FRENTE QUE ACORRALA A ZDERO

El gobierno provincial se encamina a un escenario de conflictividad creciente mientras algunos de sus funcionarios parecen más concentrados en la disputa política coyuntural que en la resolución de problemas estructurales que ya golpean a la gestión.

Resulta llamativo que un ministro esté más preocupado por responderle a un diputado opositor que por explicar de dónde saldrán los recursos que, según su propio discurso, son “sumamente escasos”, al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo impulsa y ordena votar leyes que podrían modificar negativamente la coparticipación, reduciendo ingresos y agravando aún más la situación financiera de la provincia.

Con el fin del receso de verano y el reinicio pleno de los términos administrativos, febrero aparece en el horizonte como un mes complejo, con al menos dos frentes de conflicto que el Ejecutivo no podrá esquivar.

El primero tiene nombre y apellido: los docentes. El reclamo por la cláusula gatillo postergada vuelve a escena, sin señales claras de reanudación ni propuestas concretas que permitan descomprimir un sector históricamente sensible y con alta capacidad de movilización.

El segundo frente, y quizás el más delicado, es el que involucra a la Justicia Provincial, que cuenta con un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena la equiparación salarial con la media nacional federal. Se trata de una obligación legal, no de una negociación política.

El fallo, en la causa “Alonso de Martina, Marta Inés y otros”, condenó a la Provincia del Chaco a establecer una remuneración equivalente a la media nacional. Durante la gestión anterior se había propuesto un esquema de pago y una revisión periódica —semestral y al final de mandato trimestral— dentro del contexto regional. Sin embargo, con el cambio de gobierno, los trabajadores judiciales otorgaron un margen de consideración y postergaron los reclamos que ya llevan dos años completos.

Ese tiempo parece haberse agotado.

Hoy, ante la nula convocatoria al diálogo y frente a un fallo consentido por el propio Estado, los representantes de los trabajadores judiciales debaten la posibilidad de iniciar medidas de fuerza que podrían paralizar el servicio de justicia en los próximos días.

No es un dato menor que en la gestión anterior ya se haya intentado un desenganche salarial entre empleados y funcionarios: aumentos para los jerarcas y ajuste para quienes sostienen diariamente los procesos judiciales. Una idea tan inviable como injusta, que sólo profundizó el malestar interno.

Mientras tanto, el contexto económico provincial no ayuda. La famosa consigna de “dejar la matriz dependiente del Estado” choca de frente con una realidad adversa: caída del empleo privado, falta de inversión y una catarata de aumentos que golpean de lleno a los trabajadores:

1. Aumento de la energía eléctrica

2. Aumento del agua

3. Aumento del transporte

4. Aumento de combustibles

5. Aumento del monotributo

6. Aumento de impuestos municipales

7. Aumento del precio de los alimentos

Todo esto, sin ninguna previsibilidad de mejora salarial.

Quizás sería oportuno que el ministro concentre sus esfuerzos en generar recursos, gestionar soluciones y anticiparse a los conflictos, en lugar de inmiscuirse en disputas políticas menores. Para responderle a un diputado, el oficialismo cuenta con suficientes legisladores. Para evitar que estallen los conflictos sociales e institucionales, en cambio, hace falta gestión, planificación y responsabilidad.

El reloj ya empezó a correr. Y febrero no suele perdonar improvisaciones.