LA PRODUCCIÓN LOCAL Y EL EMPLEO EN GRAVE CRISIS

Importaciones sin control de ningún tipo y el consumo en retroceso componen el cuadro que está asfixiando a la industria. Se pierde fuerza de trabajo que no será fácil recomponer.

Trabajadores y empresarios industriales de todo el país expusieron ante la Comisión de Economía de Diputados un diagnóstico crítico: la caída del mercado interno y la desregulación de importaciones —en especial desde China— están asfixiando a la producción local bajo el programa económico de Javier Milei. A ese cuadro se suman tarifas en alza, tasas de interés elevadas, atraso cambiario, presión impositiva y altos costos logísticos. El resultado, coincidieron, es un deterioro acelerado de la actividad que ya se traduce en despidos y en el impacto directo sobre la vida de cientos de familias.

“Estimo que el 90 por ciento de los productos que se comercializan en Mercado Libre no cumple con normas IRAM, al menos en el rubro de electrodomésticos”, afirmó Dante Choi, titular de la firma Peabody, al exponer en la reunión informativa organizada por la diputada Julia Strada, marcada por la inquietud y el pesar por la pérdida de puestos de trabajo.

Su intervención se centró en las distorsiones derivadas de la subfacturación y el contrabando en el ingreso de mercadería importada. Como ejemplo, mencionó un ventilador retráctil que su empresa comenzó a producir hace ocho años en el país —donde opera desde hace más de dos décadas— con un costo de entre 20 y 30 dólares por unidad, pero que actualmente ingresa declarado por valores de entre 12 y 15 dólares, según documentación presentada.

En esas condiciones, la producción local resulta inviable, no sólo por la competencia desleal en precios sino también por el incumplimiento de normas técnicas y de seguridad. Choi cuestionó la falta de controles por parte de la Aduana y advirtió sobre los riesgos asociados, al recordar el incendio ocurrido el año pasado en la oficina de una senadora de la Nación a raíz de una falla en una pava eléctrica.

La ausencia de fiscalización también erosiona la formalidad de la economía y debilita la construcción de un entramado de proveedores locales, sostuvo.

En la misma dirección se expresó Jorge Greve, miembro de la Cámara Argentina de Certificaciones, quien advirtió sobre el impacto de las recientes resoluciones de la Secretaría de Comercio en los controles de calidad y seguridad. La normativa vigente desarticuló el esquema de fiscalización al relevar a la Aduana de la verificación de la documentación técnica, trasladando esa responsabilidad a los propios importadores o fabricantes, sin inspecciones sistemáticas que garanticen su cumplimiento.

Para Greve, esta flexibilización abre una brecha crítica en los controles que expone a los consumidores a mayores riesgos, en un contexto donde los incidentes eléctricos ya mostraron un salto alarmante: en 2025 se registraron 901 casos, según documentó.

Hasta ropa usada

Las importaciones de ropa y confecciones registraron un salto inédito en el último año, “con incrementos de hasta el 185 por ciento, incluso en comparación con períodos previamente récord”, detalló Luciano Galfione, presidente de la Fundación Protejer, ante la Comisión de Congreso. Buena parte de ese flujo ingresa a valores extremadamente bajos, con casos de remeras declaradas a un centavo de dólar en Temu o Shein: niveles que ni siquiera cubren el costo de la materia prima en cualquier país del mundo, sostuvo.

En Argentina inclusive se importa ropa usada, la cual en apenas un año pasó de ser marginal a representar el 11 por ciento del total de prendas que ingresan al país. Estos productos —en su mayoría provenientes de Chile a través de la Aduana en Jujuy— forman parte del descarte global del modelo de fast fashion o “moda rápida”, caracterizado por la producción masiva de prendas de bajo costo y corta vida útil.

Se trata, en muchos casos, de ropa que no puede ser reciclada ni procesada, y que durante años estuvo prohibida en el país “por razones sanitarias, productivas y ambientales”. Pero esa regulación fue desarticulada por el Gobierno y, como resultado, el país podría convertirse en el próximo basurero del mundo.

El ultra fast fashion está regulado en Europa, Estados Unidos y México; es decir la penetración de paquetes de pequeñas importaciones de productos chinos a bajo costo. Argentina va a contramano del mundo con el set de desregulaciones implementadas en el último tiempo.

Crisis y despidos

Fernando Pérez, trabajador de John Foos, en San Isidro, Buenos Aires, relató que tras alcanzar entre 2022 y 2023 una producción de hasta 3.600 pares diarios de zapatillas, la empresa viró hacia un esquema mixto de “importación, ensamblado y fabricación local”. Ese cambio derivó en un proceso de retiros voluntarios —en algunos casos de trabajadores con más de 30 años de antigüedad—, con indemnizaciones reducidas al 60 por ciento.

La semana pasada, los empleados que permanecían en la firma fueron notificados del cierre definitivo de la producción: la compañía, radicada en el país desde 1980, pasará a operar exclusivamente como importadora.

En línea con ese proceso de retracción industrial, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, Alejandro Crespo, advirtió sobre la profundización de la crisis. “Primero fue el cierre de pequeñas empresas y los despidos; luego, la desaparición de pymes y la eliminación de turnos en grandes fábricas; y ahora estamos ante el cierre de firmas emblemáticas”, señaló, en referencia al caso de Fate, con más de 80 años de trayectoria en el país.

Crespo alertó que la pérdida de una empresa estratégica implica un daño difícil de revertir, ya que “ese entramado no se reconstruye ni en el corto ni en el mediano plazo”, y remarcó que, más allá de las escalas, “todos los despidos duelen”.

“Hace 66 días que más de 900 familias quedamos en la calle. Nos enteramos por un candado y un cartel en la fábrica que estábamos despedidos”, recordó Sebastián Tesoro, también trabajador de Fate. Los neumáticos que antes producía esta empresa ahora ingresan desde China, una situación que los expositores vincularon directamente con la política económica del gobierno de Javier Milei.

Otros expositores de la rama sindical fueron Pablo Brarda, trabajador de Lácteos Verónica en la planta de Clason y delegado de ATILRA; Manuel Casas, secretario adjunto UOM y trabajador sector acería de Acindar; Ruben Fernando Brandán, trabajador despedido de NEBA; Pablo Sigot, trabajador del Ayres del Sur; Oscar Martínez, Secretario General de la UOM, Tierra del Fuego; Javier Ditto, de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, y Norma Morales, secretaria adjunta de UTEP. Del lado empresario completaron la lista de oradores Aldo Kaston, titular de Mood Alfajores y presidente de la Unión Industrial de Chaco; Emanuel López, dueño de Portlander e integrante de Cerveceros Artesanales; Norberto Fedele, dueño de Laminación Paulista y presidente de la Unión Industrial de San Martín y Gustavo Alberto Matta, del sector petrolero.